US$10 mil millones y 60 mil demandas a la empresa que distribuye el glifosato en el mundo

 


Por Altagracia Paulino

Hace varios años escribo sobre los riesgos del uso del glifosato, un producto químico empleado en la agricultura para eliminar plagas. El Roundup —bastante publicitado en nuestro país— tiene como ingrediente activo el glifosato, el cual ha sido señalado por la Organización Mundial de la Salud por su relación con el cáncer.


El pasado viernes 21 de marzo, un jurado del estado de Georgia (Estados Unidos) ordenó a la multinacional Bayer pagar 2100 millones de dólares a un demandante que alega que el herbicida Roundup le provocó cáncer. La empresa apelará el fallo, pero deberá responder a otras 60,000 demandas pendientes.


Hasta la fecha, Bayer ya ha pagado 10,000 millones de dólares para resolver disputas similares en Estados Unidos vinculadas al uso del glifosato. Aunque la compañía restringió su comercialización para uso doméstico, el herbicida continúa empleándose en países como Estados Unidos y Australia, donde se ha originado la mayoría de las demandas por daños a la salud.


El glifosato está prohibido en Bélgica, Francia, Alemania, Colombia, El Salvador, Sri Lanka y Vietnam; México, por su parte, aplica el principio de precaución y restringe su uso hasta que se identifique un sustituto eficaz para controlar malezas en la agricultura.


En 2018, Bayer adquirió Monsanto, fabricante del glifosato ampliamente utilizado en plantaciones de cultivos genéticamente modificados. Aunque el fabricante niega sus efectos nocivos, la proliferación de casos de linfoma no Hodgkin entre personas expuestas —junto a la advertencia de la OMS— exige la aplicación del principio de precaución.


Este principio obliga a las autoridades a evaluar y comunicar los riesgos antes de autorizar sustancias cuyo impacto en la salud y el medio ambiente no esté plenamente determinado, pues los costos de enfrentar sus consecuencias pueden ser muy elevados.


En República Dominicana, las intoxicaciones relacionadas con fumigaciones cerca de escuelas y comunidades agrícolas se reportan cada año, pero nunca se ha revelado el nombre de la sustancia utilizada. El glifosato figura entre los contaminantes orgánicos persistentes prohibidos por el Convenio de Estocolmo, del cual el país forma parte.


Actualmente, en el país están prohibidas nueve sustancias: DDT, endrín, toxafeno, aldrín, dieldrín, heptacloro, mirex, clordano y hexaclorobenceno; el glifosato no está incluido en esa lista.

En entregas anteriores hemos solicitado información oficial sobre el químico empleado en las fumigaciones, pero no hemos obtenido respuesta. Si efectivamente se usa glifosato, las personas expuestas —incluidos estudiantes, maestros y las familias que residen en el entorno— podrían estar en riesgo de desarrollar cáncer.


Nuestra vicepresidenta declaró que no se registrarían nuevas intoxicaciones, pero lo mínimo que se puede hacer para proteger la salud pública es evaluar a quienes han estado expuestos, especialmente a los niños. Un examen de orina para detectar residuos de glifosato sería un primer paso pertinente.


En una entrega anterior nos referimos a que hasta las lombrices de tierra han desaparecido de nuestros campos por el uso del químico que se vende con otro nombre y es de venta libre.


Es necesario que se investigue y se controle la venta libre de ese producto que no solo extermina la yerba mala, también otras formas de vida favorables a la agricultura.

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